La seguridad de la información ante todo

Garantizar el uso seguro de las TIC es la meta del Estado Venezolano. El trabajo apunta a la reducción de las vulnerabilidades de los sistemas.
Qué, cómo, cuándo y cuánto regular para garantizar la seguridad de los datos que circulan en la red son preguntas que inquietan a más de uno de los usuarios de esta plataforma tecnológica que deben ingresar sus datos para adelantar un trámite o gozar de algún servicio en línea.
Niurka Hernández, superintendente de Servicios de Certificación Electrónica (Susecerte), organismo adscrito al Ministerio para las Telecomunicaciones y la Informática, sostiene que el Estado desarrolla programas de seguridad enfocados a fortalecer la consistencia de los datos, garantizar condiciones seguras para el intercambio de información por medios electrónicos y la continuidad en los sistemas de información de la administración pública nacional.

La seguridad de la información, afirma, es vista como elemento de la seguridad y defensa integral de la nación, sobre todo después del paro petrolero de 2002.

En ese sentido, Suscerte desarrolla tres proyectos, a saber: el Centro de Respuesta ante Incidentes Telemáticos (Vencert), orientado a la prevención, detección y gestión de los incidentes producidos en los sistemas de información del Estado que comprometan la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad o confiabilidad de la información en redes o sistemas informáticos; el Centro Nacional de Informática Forense (Cenif), dirigido a la colección, análisis, preservación y presentación de las evidencias digitales que apoyen a los cuerpos de investigación judicial; y el proyecto Gestión de Riesgos Tecnológicos, dirigido a garantizar la confiabilidad e integridad de los activos de información de las infraestructuras críticas ante la posibilidad de que una amenaza se haga efectiva frente a una vulnerabilidad existente.

Suscerte y Vencert enfrentan el cibercrímen desde dos frentes, uno denominado policía virtual, modalidad desde la cual se forma personal jurídico para legislar adecuadamente sobre el campo de las tecnologías de información, y otro llamado bombero electrónico, que se encarga de capacitar a las comunidades para disminuir los riesgos de fechorías.